Un Tribunal fija los criterios para sustituir al conserje por un videoportero en una comunidad de vecinos news

De este modo, concluye el tribunal que la comunidad de propietarios debe optar, a su elección y en el plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia, entre la readmisión del trabajador en las mismas condiciones que tenía hasta la fecha o satisfacer una indemnización de 15.076,47 euros atendiendo a su salario y antigüedad. «En definitiva -expresan los magistrados- hemos de concluir que la conducta de la empresa, en perjuicio del trabajador al computar una antigüedad tres años inferior a la real sin justificación alguna, constituye un error inexcusable en el cálculo de la indemnización que obliga a declarar improcedente el despido objetivo», recoge la sentencia. “En definitiva -expresan los magistrados- hemos de concluir que la conducta de la empresa, en perjuicio del trabajador al computar una antigüedad tres años inferior a la real sin justificación alguna, constituye un error inexcusable en el cálculo de la indemnización que obliga a declarar improcedente el despido objetivo”. «En definitiva -expresan los magistrados- hemos de concluir que la conducta de la empresa, en perjuicio del trabajador al computar una antigüedad tres años inferior a la real sin justificación alguna, constituye un error inexcusable en el cálculo de la indemnización que obliga a declarar improcedente el despido objetivo».

Añaden que la prestación del servicio se llevó a cabo sin interrupción y durante todo este periodo ha realizado las mismas funciones y ha tenido las mismas condiciones. Reporta un error en esta noticia La sentencia no es firme y puede ser recurrida. Añaden que la prestación del servicio se llevó a cabo sin interrupción y durante todo este periodo realizó las mismas funciones y tuvo las mismas condiciones. Arrastraba dificultades económicas desde hacía tiempo por el progresivo aumento de los gastos y por la morosidad creciente entre los propietarios. Además añade que el trabajo que llevó a cabo este profesional se realizó durante todo el periodo sin interrupción y con las mismas funciones y condiciones.

• En la Junta General de propietarios del 8 de abril de 2024 se acordó prescindir del trabajador y serían los propietarios quienes se harían cargo de las tareas de limpieza y reparaciones menores.
• Por otro lado, si esos cambios quedan acreditados como Modificación Sustancial de las Condiciones de Trabajo porque la empresa debe iniciar un proceso previo de consulta antes de implantarlos, los empleados afectados pueden acogerse a su derecho a extinguir su relación laboral por este motivo y solicitar una indemnización de 20 días por año trabajado.
• La comunicación del despido está regulada por la legislación laboral y debe cumplir una serie de requisitos legales para que pueda considerarse procedente.

Por todo ello, concluyeron que la empresa cometió un error inexcusable al computar una antigüedad tres años inferior a la real sin justificación, lo que obligaba a declarar el despido improcedente. Aunque la razón era válida, la comunidad de propietarios se equivocó al calcular su antigüedad quitándole hasta tres años, lo que supuso una diferencia económica significativa. Sin embargo, su despido no se acordó cuando se implantaron sino nueve años después, por lo que la trabajadora acudió al juzgado, que sentenció que el despido era improcedente. La comunidad de propietarios tendrá que elegir entre readmitir al portero en las mismas condiciones o indemnizarle con 15.076,47 euros Esto significa que, si después de un ERTE la relación laboral termina en despido, esos meses de regulación temporal de empleo también se tienen en cuenta para calcular la indemnización.

Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha estimado el recurso del conserje de un inmueble residencial y declara que se trató de un despido improcedente por parte de la comunidad de propietarios. Por otro lado, si esos cambios quedan acreditados como Modificación Sustancial de las Condiciones de Trabajo porque la empresa debe iniciar un proceso previo de consulta antes de implantarlos, los empleados afectados pueden acogerse a su derecho a extinguir su relación laboral por este motivo y solicitar una indemnización de 20 días por año trabajado. El incumplimiento o el retraso continuado en el pago del salario por parte de la empresa es uno de los escasos supuestos en los que el trabajador puede romper la relación laboral y recibir una indemnización.

Por ejemplo, el despido disciplinario procedente no da derecho a indemnización porque considera que el empleado ha tenido una conducta impropia que justifica el cese. De hecho, cuando una empresa alega que el despido se produce por motivos económicos o de organización interna, se aplica una reducción en el cálculo de la cuantía de la indemnización reconociendo que, si bien es por una causa atribuible a la empresa, ese despido no es evitable para la viabilidad de la compañía. No todos los despidos dan derecho a indemnización en 2026, ni todas las indemnizaciones por despidos tienen la misma cuantía, por eso conviene conocer cuantos días por año trabajado corresponden a cada tipo de despido. La indemnización por despido es una determinada cuantía económica que la empresa debe pagar cuando extingue un contrato de trabajo en ciertos supuestos. El Tribunal enfatiza que la gestión de conserjería constituye una función esencial de las comunidades, lo que refuerza la protección de los derechos de los trabajadores subcontratados.

Hasta ese momento y desde que comenzó la relación laboral en 2014, había tenido contrato temporal a tiempo parcial. Asimismo, a este profesional se le calculó una indemización que ascendía a 6.289,04 euros, correspondiente a 20 días de salario por año de servicio con el límite de 12 mensualidades y computando una antigüedad desde el 1 de junio de 2017. Entre los motivos, alegó que ese error en el cálculo de la indemnización sí debía suponer declarar la improcedencia del despido.

El Juzgado de lo Social número 3/bis de Ciudad Real estimó parcialmente su demanda, considerando que el despido sí era procedente pero que se había producido un error en el cálculo de la indemnización. En consecuencia, al reconocerle la improcedencia, la comunidad tiene que elegir entre readmitirle, en las mismas condiciones, o abonarle una indemnización de 15.076,47 euros. En una comunidad de propietarios la convivencia vecinal no siempre es pacífica y suelen ocurrir conflictos, sobre todo en lo relacionado con las obras, las terrazas o los jardines. En este caso, la comunidad de propietarios llevó a cabo cambios organizativos que afectaban al puesto de trabajo de la portera, como la instalación de videoportero y buzones en el portal, el cambio a gas de las calderas de calefacción y agua caliente central y la modernización de ascensores. En despidos objetivos y otros supuestos que dan derecho a indemnización, la empresa debe poner a disposición del trabajador la indemnización en el momento de comunicar el despido. Es decir, que por cada año que se haya cumplido de antigüedad se suman 33 días de indemnización, hasta un máximo de 730 días.

También existe la posibilidad de que sea readmitido en su puesto

El conserje llevó su despido a juicio. En 2018 pasó a ser a indefinido a tiempo completo en la modalidad de personas con discapacidad con un salario mensual neto de 1.100 euros. Es clave para calcular beneficios como indemnizaciones o pluses salariales, aunque su reconocimiento depende del Convenio Colectivo aplicable, ya que no es una obligación general del Estatuto de los Trabajadores en muchos aspectos, salvo para la indemnización por despido en algunos casos. Se trata del tiempo continuo que este empleado lleva prestando servicios a la compañía desde la fecha de su primer contrato. Consultamos las sanciones publicadas por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), y descubrimos las principales causas de disputa por protección de datos y ataques a la intimidad de los sistemas de videovigilancia en las comunidades de La Audiencia Provincial de La Rioja ha anulado el acuerdo de una comunidad de vecinos que establecía que el conflicto entre dos propietarios por un problema de vallas colindantes debía ser resuelto entre ellos.

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Sin embargo, el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 50 establece una serie de supuestos en los que, por incumplimiento grave de la relación laboral, un empleado puede renunciar a su puesto recibiendo una indemnización. Para que exista el derecho a una indemnización la ruptura de la relación laboral debe ser considerada improcedente. Los hechos probados, relatados por la sentencia de un juzgado Social de Ciudad Real y consultada por este periódico, declara que el empleado trabajaba desde 2018 con contrato indefinido a tiempo completo en la modalidad de personas con discapacidad con un salario mensual neto de 1.100 euros. La sentencia de un juzgado Social de Ciudad Real declara que el conserje trabaja desde 2018 con contrato indefinido a tiempo completo en la modalidad de personas con discapacidad con un salario mensual neto de 1.100 euros.

La comunidad presentó entonces un recurso de suplicación ante el TSJG, el cual ha confirmado la improcedencia del cese porque las “causas organizativas o técnicas invocadas no concurren en el momento del cese de la trabajadora, sino que surgieron muchos años antes”. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG) establece que los motivos organizativos o técnicos para despedir a un trabajador deben producirse en el momento del cese y no muchos años antes, cuando se implantaron las mejoras técnicas y organizativas que afectaron a la labor del trabajador. El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), dependiente del Consejo de Europa, lleva años pidiendo a España que aplique este concepto a su legislación para que sea un juez quien valore de forma individual cada caso de despido para, en función de su edad, sexo y situación de vulnerabilidad social imponga una indemnización personalizada. Además, de acuerdo a una sentencia del Tribunal Supremo, el cálculo de las indemnizaciones debe realizarse en base al salario íntegro del empleado, no a la reducción salarial inherente a la reducción de jornada que se aplica en los ERTE. En los contratos temporales, cuando la relación llega a su término por cumplir la duración pactada, suele corresponder una indemnización de 12 días por año trabajado. La cuantía de las indemnizaciones por despido se calcula en base al salario bruto del empleado durante el mes anterior al despido y a su antigüedad.

Este salario regulador toma en cuenta tanto el sueldo base como los complementos habituales y la parte proporcional de las pagas extraordinarias si están prorrateadas. Es decir, que no existe una causa justificada para que la empresa prescinda de los servicios de un empleado. Su objetivo es compensar al trabajador por la pérdida del empleo cuando el cese no es imputable a su conducta o cuando la ley lo establece. Tanto el Estatuto de los Trabajadores como la jurisprudencia del Consejo General del Poder Judicial establecen con claridad cuándo existe derecho a indemnización y cómo se calcula en cada supuesto. Además, el Tribunal advierte sobre la importancia de que todos los propietarios comprendan estas responsabilidades, ya que cualquier deuda no satisfecha puede impactar directamente en los gastos generales y en la convivencia comunitaria. La reciente resolución del Tribunal Supremo marca un hito significativo para las comunidades de vecinos en España.

La sentencia supone un punto de inflexión en la administración de las comunidades, implicando una mayor responsabilidad en sus procesos de toma de decisiones. La decisión compele a las comunidades a ser más rigurosas en la selección de empresas de servicios, garantizando el cumplimiento de sus obligaciones laborales. Esta interpretación significa que si una empresa de conserjería incumple sus obligaciones salariales, la comunidad puede ser legalmente responsable de dichas deudas. La comunidad arrastraba desde 2019 una situación de creciente dificultad económica debido al aumento progresivo de gastos y a la morosidad entre los balloon app propietarios. En la Junta General de propietarios del 8 de abril de 2024 se acordó prescindir del trabajador y serían los propietarios quienes se harían cargo de las tareas de limpieza y reparaciones menores. El trabajador todavía puede recurrir la sentencia.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha estimado el recurso del conserje de un inmueble residencial y declara improcedente su despido por la comunidad de propietarios, que tendrá que readmitirle o indemnizarle con 15.076,47 euros. Para la justicia, el error de la comunidad de propietarios no era excusable, lo que llevaba a declarar el despido como improcedente. La justicia declara improcedente el despido de un trabajador tras calcular mal su antigüedad y le indemnizan con 15.076,47 euros

El 7 de mayo, este portero recibió la carta de despido fechada el 30 de abril donde se le comunicaba su situación y la explicación de que se debía a causas económicas. Por ello, en la junta se decidió prescindir del trabajador y se acordó que a partir de entonces serían los vecinos quienes se harían cargo de las tareas de limpieza y reparaciones menores. El motivo, la creciente dificultad económica de la finca por el aumento progresivo de los gastos y de la morosidad entre los propietarios. Extrapolándolo al caso, señalaron que la diferencia entre lo pagado y lo debido suponía más de un tercio de la indemnización, una cifra elevada. De nuevo disconforme, el conserje presentó un recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

Si un despido no cumple con esos requisitos será considerado improcedente o nulo porque la empresa no ha comunicado o argumentado debidamente los motivos de despido. La comunicación del despido está regulada por la legislación laboral y debe cumplir una serie de requisitos legales para que pueda considerarse procedente. Si esos cambios exceden los límites establecidos en la legislación, se consideran una Modificación Sustancial de las Condiciones de Trabajo (MSCT) que, simplificando, vendría a significar que la nueva situación laboral es tan diferente a la que se acordó en el contrato de trabajo original, que este ha perdido su vigencia. El artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores establece una serie de limitaciones a los cambios organizativos que las empresas pueden aplicar a sus empleados (jornadas laborales, ubicación, retribución, funciones, etc.).

Los servicios de vigilancia en una comunidad de vecinos ayudan a resolver robos y reducen notablemente los actos vandálicos, pero también son fuente de conflicto cuando algún vecino siente limitado su derecho a la protección de datos e intimidad. En concreto, se trata de la instalación de vallas de cerramiento efectuada en el muro compartido por los propietarios colindantes. Ahora la Audiencia señala que la comunidad está obligada a dar una solución al conflicto, ya que afecta a elementos comunes.